Cuando las elecciones pierden credibilidad, el poder pierde legitimidad

Han pasado ya varias semanas desde la jornada electoral realizada el 12 de abril y, lejos de disiparse las dudas, el clima de incertidumbre y desconfianza ciudadana parece haberse profundizado. A la fecha, 7 de mayo, los organismos electorales no han logrado transmitir la serenidad ni la credibilidad que una democracia necesita en momentos tan delicados. Por el contrario, la sensación predominante en amplios sectores de la ciudadanía es que las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso han optado por minimizar los cuestionamientos en lugar de enfrentarlos con claridad, apertura y firmeza.

La gravedad del problema no radica únicamente en la existencia de irregularidades denunciadas durante el proceso electoral. En toda elección pueden presentarse errores humanos, fallas operativas o controversias. Lo verdaderamente alarmante es la percepción de que dichas irregularidades han sido tratadas con indiferencia, evasivas o respuestas insuficientes por parte de quienes tienen la obligación constitucional de proteger la voluntad popular.

El papel del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales debía ser precisamente el contrario: ofrecer certezas, despejar dudas y reconstruir la confianza pública mediante transparencia absoluta. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos perciben es una actitud orientada a restar importancia a los hechos denunciados, pese a la acumulación de errores, inconsistencias e irregularidades que han sido ampliamente comentadas en distintos espacios públicos y políticos.

Cuando las instituciones encargadas de arbitrar el proceso electoral parecen más preocupadas por defender la continuidad del cronograma que por responder con profundidad a los cuestionamientos ciudadanos, el daño institucional se vuelve mucho más peligroso. Porque una democracia no se sostiene únicamente sobre normas o procedimientos; se sostiene, sobre todo, en la confianza colectiva. Y esa confianza hoy se encuentra severamente erosionada.

El problema adquiere una dimensión aún más preocupante si las autoridades electorales deciden continuar adelante sin atender de manera convincente el reclamo ciudadano. Persistir en un proceso percibido como carente de transparencia puede abrir las puertas a un escenario de tensión social, conflictividad y polarización extrema. La historia política del país demuestra que cuando la población siente que su voluntad ha sido vulnerada o ignorada, las consecuencias suelen trasladarse rápidamente a las calles.

Pero quizá la consecuencia más grave sea otra: la pérdida de legitimidad de las futuras autoridades. Un Presidente de la República elegido bajo un proceso profundamente cuestionado cargaría desde el primer día con una sombra de desconfianza difícil de disipar. Su capacidad de gobernar, convocar consensos y ejercer autoridad moral quedaría debilitada desde el origen mismo de su mandato.

Lo mismo ocurriría con quienes ocupen los escaños en el Senado y la Cámara de Diputados. Más allá de los resultados concretos, la percepción de haber llegado al poder mediante un proceso electoral altamente cuestionado terminaría afectando inevitablemente la legitimidad política de sus cargos. Y una democracia donde las autoridades nacen deslegitimadas es una democracia condenada a la fragilidad permanente.

El país necesita mucho más que comunicados defensivos o llamados abstractos a la calma. Necesita transparencia total, investigaciones exhaustivas y respuestas convincentes. Minimizar la indignación ciudadana no hará desaparecer el problema; por el contrario, solo profundizará la sensación de que las instituciones electorales han dejado de escuchar al pueblo al que deberían servir.

La democracia no puede construirse sobre sospechas ni sostenerse sobre silencios. Porque cuando la confianza electoral se derrumba, lo que empieza a resquebrajarse no es solo un proceso, sino la legitimidad misma del sistema democrático.