Estas elecciones perdieron lo más valioso, su credibilidad
Escribe Raúl Sánchez Villacorta / Comunicador Político
En toda democracia, el sistema electoral no solo organiza comicios: sostiene la confianza de millones de ciudadanos en que su voto vale, cuenta y es respetado. Cuando esa confianza se quiebra, no solo se cuestiona un resultado, sino la legitimidad misma del sistema. Eso es precisamente lo que hoy ocurre: estas elecciones han perdido su activo más importante, su credibilidad.
El primer elemento que evidencia esta grave crisis institucional es que el mismo Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Este hecho, sin precedentes recientes, revela una fractura en el organismo llamado a garantizar transparencia, coordinación y legalidad.
A esto se suman hechos aún más perturbadores: el hallazgo de cédulas de votación en la basura y otros en distintos espacios públicos. No se trata de rumores aislados, sino de situaciones que han sido ampliamente difundidas y que generan una legítima sospecha sobre el manejo del material electoral. La cadena de custodia, uno de los pilares de cualquier elección confiable, parece haber sido vulnerada de forma inadmisible.
Otro indicador preocupante es el nivel de ausentismo. Tradicionalmente, la participación electoral en el país ha sido alta, con niveles de ausentismo cercanos al 13%. Sin embargo, en esta ocasión se ha elevado hasta un 20%. Este incremento no puede interpretarse de manera simplista como desinterés ciudadano. Por el contrario, múltiples testimonios coinciden en que muchos electores acudieron a votar el domingo 12 de abril, pero se vieron impedidos de hacerlo debido a la falta de cédulas o al retraso en la llegada del material electoral. 20% de ausentismo representan a más de un millón y medio de peruanos que no votaron.
Como si ello no fuera suficiente, la situación se agrava con la detención de un funcionario vinculado a la ONPE y la existencia de una investigación en curso por presuntos actos de corrupción, liderada por la policía anticorrupción. Este componente penal no solo añade gravedad al escenario, sino que refuerza la percepción de que el proceso electoral ha estado rodeado de irregularidades que deben ser esclarecidas con total transparencia.
En conjunto, estos hechos configuran un cuadro crítico: instituciones enfrentadas, material electoral comprometido, ciudadanos impedidos de votar y sospechas de corrupción. No estamos ante fallas menores o errores logísticos aislados, sino frente a un deterioro profundo de la confianza pública en el sistema electoral.
La democracia no puede sostenerse sobre la duda. Cuando el ciudadano deja de creer en la limpieza de las elecciones, el daño es estructural. Por ello, más allá de intereses políticos o coyunturales, se impone una reflexión de fondo: ¿puede considerarse legítimo un proceso marcado por tantas irregularidades?
Particularmente considero que, en democracia, sin confianza, no hay elección que valga.
