Elecciones sin confianza ni legitimidad
Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril de 2026 han dejado una profunda herida en la democracia peruana. Lo ocurrido durante esta primera vuelta electoral no puede ser reducido a simples errores logísticos ni a incidentes aislados. Lo evidenciado constituye una cadena de irregularidades que ha terminado por erosionar la credibilidad del proceso electoral y, con ello, la confianza de millones de ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio democrático.
La democracia no se sostiene únicamente en el acto formal de acudir a votar. Su verdadera fortaleza radica en la confianza ciudadana de que el proceso es transparente, legítimo y respetuoso de los derechos fundamentales. Cuando esa confianza se rompe, el sistema entero entra en crisis.
Lo sucedido el 12 de abril refleja precisamente eso: una crisis de legitimidad. Mesas de sufragio que no se instalaron oportunamente, centros de votación colapsados, largas horas de espera y miles de ciudadanos impedidos materialmente de ejercer su derecho al voto configuran un escenario gravísimo para cualquier Estado democrático.
Y aquí corresponde hacer énfasis en un aspecto constitucional que no puede ser ignorado ni minimizado, como lo ha advertido la doctora Gladys Echaíz. La Constitución Política del Perú, en su artículo 31, señala textualmente:
“Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.
La palabra “limite” adquiere hoy una importancia trascendental. Porque limitar el ejercicio del derecho al voto no significa únicamente prohibir expresamente sufragar. También implica generar condiciones que hagan imposible o extremadamente difícil que el ciudadano pueda ejercer ese derecho constitucional.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en estas elecciones. La demora en la instalación de mesas, la ausencia de miembros de mesa, las deficiencias organizativas y el desorden generalizado terminaron limitando el ejercicio efectivo del derecho al voto de miles de peruanos.
A ello se suma un dato alarmante reconocido por el propio Jurado Nacional de Elecciones: aproximadamente 500 mil ciudadanos no acudieron a votar, constituyendo una cifra de ausentismo sumamente preocupante. En un contexto marcado por irregularidades evidentes, esa cifra no puede analizarse únicamente desde la apatía ciudadana ni por la desidia de algunos opinólogos . También debe interpretarse como consecuencia de un proceso electoral que no ofreció garantías suficientes para el pleno ejercicio del derecho constitucional al sufragio.
Por ello, resulta inevitable preguntarnos si un proceso electoral desarrollado bajo estas condiciones puede realmente considerarse legítimo. Porque la legitimidad democrática no nace solamente del conteo de votos, sino de la certeza de que todos los ciudadanos tuvieron la posibilidad real y efectiva de participar.
En consecuencia, anunciar resultados sobre quiénes pasarían a una segunda vuelta carece hoy de la confianza indispensable que toda democracia requiere. Y sin confianza ciudadana, cualquier resultado queda políticamente debilitado.
Si la Constitución establece con claridad que es nulo y punible todo acto que limite el ejercicio de los derechos ciudadanos, entonces corresponde evaluar con absoluta responsabilidad las consecuencias jurídicas y políticas derivadas de este proceso electoral.
De no declararse la nulidad correspondiente, el país podría enfrentar un gobierno nacido bajo severos cuestionamientos de legitimidad, debilitando aún más la confianza en las instituciones democráticas. Peor aún, insistir en validar un proceso percibido como irregular podría abrir las puertas a una peligrosa convulsión social, en un contexto donde la ciudadanía ya evidencia un profundo desgaste y desconfianza frente al sistema político.
La democracia no puede sostenerse sobre la desconfianza. Y cuando el derecho ciudadano al voto ha sido limitado, la Constitución exige actuar con firmeza y responsabilidad.
